La Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a trav茅s de su relator y comisionados cuestionaron en audiencia p煤blica, la criminalizaci贸n a defensoras y defensores ambientales en Bolivia y la falta de mecanismos de protecci贸n desde el Estado para garantizar el ejercicio a la protesta, en el marco de los est谩ndares internacionales de Derechos Humanos, basados en los informes de la sociedad civil y la Defensor铆a del Pueblo. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, emiti贸 un duro pronunciamiento, en el que confirm贸 la criminalizaci贸n a defensores de Derechos en asuntos ambientales por parte de agentes estatales, tanto de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariqu铆a como de otros contextos, frente el avance extractivo. Tambi茅n observ贸 la falta de transparencia por parte de Yacimientos Petrol铆feros Fiscales Bolivianos (YPFB) a la hora de proporcionar informaci贸n sobre proyectos hidrocarbur铆feros, as铆 como un inadecuado proceso de consulta que no garantiza los est谩ndares internacionales de ser previa, libre e informada. 鈥淟a informaci贸n que hemos recibido en esta audiencia sobre patrones de persecuci贸n judicial en contra de liderazgos comunitarios e ind铆genas que ejercen el derecho a la defensa del medioambiente, no solo vulnera su derecho a la libre expresi贸n y protesta, sino que tambi茅n puede obstaculizar el acceso a recursos naturales鈥�, afirm贸 el relator Especial sobre Derechos Econ贸micos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), Javier Palummo, durante la audiencia difundida v铆a virtual. Se帽al贸 que los relatos de las y los defensores medioambientales y l铆deres ind铆genas, dan cuenta de circunstancias de vulneraci贸n de derechos fundamentales, Derechos Humanos, libertad de expresi贸n, protesta y desprotecci贸n del medioambiente. 鈥溌縌u茅 medidas se han implementado para que el Derecho Penal no sea utilizado indebidamente en contra de personas defensoras del medioambiente, y si existe un enfoque especializado para abordar estas tem谩ticas por autoridades judiciales鈥�, cuestion贸, tras escuchar la reincidencia con la que se lleva a defensoras y defensores a la justicia ordinaria para criminalizar sus acciones de resistencia. El Estado boliviano estuvo representado por H茅ctor Arce Zaconeta, presidente del Consejo Permanente de Derechos Humanos de la Organizaci贸n de Estados Americanos (OEA), ejecutivos de la estatal petrolera YPFB y el Defensor del Pueblo. La lideresa de la Mancomunidad de Comunidades Ind铆genas de los r铆os Tuichi, Beni y Quiquibey y cofundadora de la Contiocap, Ruth Al铆paz, inform贸 sobre los casos de persecuci贸n penal que sufren defensoras y defensores del medioambiente y sus territorios. 鈥淟o que menciona el Estado, es que hacen consultas para recibir recomendaciones y sugerencias. No, es para ejecutar. Ac谩 no se est谩n tomando en cuenta, al igual que las recomendaciones del Defensor Pueblo, menos har谩n caso a los documentos, resoluciones y acciones concretas de rechazo a estas actividades (petroleras). Estas actividades van afectar no s贸lo al 谩rea protegida, incluso llegar铆an a afectar hasta Argentina, y s铆, ha entrado maquinaria hasta Cajones鈥�, explic贸. Ante la descalificaci贸n que hizo la gerente general de YPFB, Julia Gonz谩les, a las y los defensores de Tariqu铆a, Al铆paz respondi贸: 鈥渘os preocupa de c贸mo el Estado cataloga a quienes defendemos derechos en Bolivia, y es el hecho del desprecio, de decir que son grupos autodenominados activistas o se declaran como defensores (鈥�). Estamos defendiendo la vida no solo de nosotros, sino de otro tipo de vida y fuentes de agua para la sociedad civil 驴qu茅 m谩s debemos demostrar que hacemos cumplimiento a ese rol?鈥�. Mencion贸 el caso de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariqu铆a, donde 29 defensores fueron denunciados penalmente por oponerse a las operaciones petroleras en el 谩rea protegida y sus alrededores; tambi茅n cit贸 a la comunidad Tres Mar铆as del municipio de Yanacachi, donde un productor de flores y otros cinco comunarios, defensores del medioambiente tienen 贸rdenes de aprehensi贸n y hasta estuvieron en clandestinidad, a simple denuncia de cooperativistas mineros. Del ayllu Acre Antequera, dijo que comunarios fueron judicializados por una empresa minera. El abogado R贸ger Ibarra, representante legal de 25 de los 29 procesados de Tariqu铆a, lament贸 que a煤n siga abierto un proceso que no tiene pies ni cabeza, pues a pesar del rechazo que hizo la Fiscal铆a de Entre R铆os, la Fiscal铆a Departamental revoc贸 el rechazo a la denuncia interpuesta por YPFB bajo el argumento de que faltan actos procesales, como el desfile identificativo de los denunciados. Observ贸 que supuestas v铆ctimas tambi茅n figuren como testigos. (ANA) 31-NAL PIE DE FOTO: FOTO: